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Estudios sobre la historia del movimiento comunista en España

Segunda República (1931-1936)

Manifiesto del Frente Popular (Enero, 1936)

Manifiesto del Frente Popular (Enero, 1936) "Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política, y además la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar en tales condiciones el bloque de izquierda que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.

I. Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen:

1° A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos, por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de las mismas y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideas o actuaciones políticas.

2º Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordada sin garantía de expediente o por motivos de persecución política, serán repuestos en sus destinos. El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos, por sus ideas o con motivo de huelgas políticas, en todas las Corporaciones públicas, en las Empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en las que el Estado tenga vínculo directo. Por lo que se refiere a las Empresas de carácter privado, el Ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un motivo político-social, y que serán sometidos a los Jurados mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933, a quienes hubieran sido indebidamente eliminados.

3° Se promulgará una ley concediendo a las familias de las víctimas producidas por hechos revolucionarios o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión, la adecuada reparación del daño inferido a las personas.

II. En defensa de la libertad y de la justicia, como misión esencial del Estado republicano y de su régimen constitucional, los partidos coaligados:

1º Restablecerán el imperio de la Constitución. Serán reclama das las transgresiones cometidas contra la ley fundamental. Y la ley 0rganica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto de reforma, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen.

2° Se procederá a dictar las leyes orgánicas prometidas por la Constitución, que son necesarias para su normal funcionamiento, y especialmente las leyes Provincial y Municipal, que deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma de su reglamento, modificando la estructura y funciones de las Comisiones parlamentarias, a cuyo cargo correrá, con el auxilio de los Organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite formativo de las leyes.

3° Se declara en todo su vigor el principio de autoridad; pero se compromete su ejercicio sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden Público, para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del Poder, adoptándose también las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción.

4° Se organizará una justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política. La justicia, una vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez al recurso ante los Tribunales contencioso-administrativos, ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales, singularmente el castrense a los delitos netamente militares. Y se humanizará el régimen de prisiones, aboliendo malos tratos e incomunicaciones no decretadas judicialmente.

5° Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública, acaecidos bajo el mando de los Gobiernos reaccionarios, aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada instituto dentro de los fines de su respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se reorganizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.

6° Se revisarán las normas de disciplina de los funcionarios, estableciendo sanciones graves para toda negligencia o abuso en favor de intereses políticos o en daño del Tesoro público.

III. Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del partido socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas, que proponen la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de la justicia, sino porque constituye la base más firme de reconstrucción económica nacional:

1ª Como medidas de auxilio al cultivador directo: Rebaja de impuestos y tributos. Represión especial de la usura. Disminución de rentas abusivas. Intensificación del crédito agrícola. Revalorización de los productos de la tierra, especialmente del trigo y demás cereales, adoptando medidas para la eliminación del intermediario y para evitar la confabulación de los harineros. Estímulo del comercio de exportación de productos agrícolas.

2ª Como medidas para mejorar las condiciones de la producción agrícola: Se organizarán enseñanzas agrícolas y se facilitarán auxilios técnicos por el Estado. Se trazarán planes de sustitución de cultivos e implantación de otros nuevos, con la ayuda técnica y económica de la Administración pública. Fomento de los pastos, ganadería y repoblación forestal. Obras hidráulicas y obras de puesta de riego y transformación de terrenos para regadío. Caminos y construcciones rurales.

3ª Como medidas para la reforma de la propiedad de la tierra: Derogarán inmediatamente la vigente ley de Arrendamientos. Revisarán los desahucios practicados. Consolidarán en la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios antiguos y pequeños. Dictarán nueva ley de Arrendamientos que asegure: la estabilidad en la tierra; la modicidad en la renta, susceptible de revisión; la prohibición del subarriendo y sus formas encubiertas; la indemnización de mejoras útiles y necesarias llevadas a cabo por el arrendatario, haciéndose efectiva antes de que el cultivador abandone el predio, y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo. Estipularan las formas de cooperación y fomentarán las explotaciones colectivas. Llevaran a cabo una política de asentamiento de familias campesina», dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos. Dictarán normas para el rescate de bienes comunales. Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas a la nobleza.

IV. Nuestra industria no se podrá levantar de la depresión en que se encuentra si no se procede a ordenar todo el complejo sistema de protecciones que el Estado dispensa según criterio estricto con coordinada subordinación al interés general de la economía. En su consecuencia, procede:

1° Dictar una ley o sistema de leyes que fijen las bases de la protección a la industria, comprendiendo las arancelarias, exenciones fiscales, métodos de coordinación, regulación de mercados y demás medios de auxilio que el Estado conceda a interés de la producción nacional. Promover el saneamiento financiero de las industrias, a fin de aligerar cargas de especulación que, gravando su rentabilidad, entorpecen su desenvolvimiento.

2° Crear instituciones de investigación económica y técnica, donde pueda el Estado adquirir elementos para su dirección política y también los empresarios para mejor regir sus iniciativas.

3° Adoptar aquellas medidas necesarias de especial protección a la pequeña industria y al pequeño comercio.

4° Levantar la actividad de nuestras industrias fundamentales, mediante un plan de obras públicas a que luego se alude, urbanizaciones y saneamiento de la población rural, en el que se calcularán de antemano los materiales que se han de consumir y sus precios, a fin de asegurar la rentabilidad de estas obras.

V. Los republicanos consideran la obra pública no sólo como modo de realizar los servicios habituales del Estado o como mero método circunstancial e imperfecto de atender al paro, sino como medio potente para encauzar el ahorro hacia las más poderosas fuentes de riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los empresarios:

1ª Se llevarán a cabo grandes planes de construcciones de viviendas urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías de comunicación, obras de riego e implantación de regadíos y transformación de terrenos.

2º Para llevarlas a cabo se procederá a una ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de la obra, su buena administración y la contribución a la misma de los intereses privados directamente favorecidos. Los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a cabo en el ramo de la industria, las obras públicas y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional, han de cumplir no sólo su finalidad propia, sino también el cometido esencial de absorber paro.

VI. La Hacienda y la Banca tienen que estar al servicio del empeño de reconstrucción nacional, sin desconocer que fuerzas tan sutiles como la del crédito no se pueden forzar por métodos de coacción ni estimular fuera del campo seguro de aplicaciones provechosas y empleo remunerador. No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuesta por los partidos obreros; conocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos, si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España. Como mera enumeración ejemplar, señalamos las siguientes medidas:

1ª Dirigir el Banco de España de modo que cumpla su función de regular el crédito, conforme exija el interés de nuestra economía, perdiendo su carácter de concurrente de los Bancos y liquidando sus inmovilizaciones.

2ª Someter a la Banca privada a reglas de ordenación que favorezcan sus líquidos, sobre los principios clásicos que ha puesto de nuevo en relieve la experiencia de las últimas crisis, a fin de afirmar la garantía de los depositantes y el servicio de las necesidades financieras de la política de reconstrucción económica que aquí se promete.

3ª Mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro, para que cumplan su papel en la creación de capitales, dictando también aquellas medidas necesarias para proteger el ahorro privado y de responsabilidad de los promotores y gestores de toda clase de Compañías. Respecto a la Hacienda, se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal dirigida a la mayor flexibilidad de los tributos y a la más equitativa distribución de las cargas públicas, sin acudir al crédito público para finalidades de consumo.

1° Se revisará a fondo la tributación directa, detenida en su desarrollo normal, reorganizándola sobre bases progresivas.

2° Se reformará la tributación indirecta buscando la coordinación del gasto privado con el gravamen del consumo. 3° Se perfeccionará la Administración fiscal, para que sirva de instrumento eficaz a la nueva política tributaria.

VII. La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos. No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del partido socialista. Convienen en:

1° Restablecer la legislación social en la pureza de sus principios, para lo cual dictarán las disposiciones necesarias para dejar sin efecto aquellas que desvirtúen su recto sentido de justicia, revisando las sanciones establecidas a fin de asegurar el más leal cumplimiento de las leyes sociales.

2° Reorganizar la jurisdicción de trabajo en condiciones de independencia, a fin no sólo de que las partes interesadas adquieran conciencia de la imparcialidad de sus resoluciones, sino también para que en ningún caso los motivos de interés general de la producción queden sin la valoración debida.

3° Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos, a fin de asegurar a todo trabajador una existencia digna, y creando el delito de envilecimiento del salario, perseguible de oficio ante los Tribunales. Aunque la política de reconstrucción económica debe conducir a la absorción del paro, es menester, además, organizar, administrativa y técnicamente, la lucha, estableciendo los servicios que sean necesarios de estadística, clasificación, oficinas de colocación y Bolsas de Trabajo, preocupándose de modo especial del paro en la juventud, y sin olvidar tampoco las instituciones de previsión y seguro que, prometidas por la Constitución, deben disponerse a ensayo sobre bases de tipo social. Los republicanos han de dedicar a la asistencia pública, beneficencia y sanidad la atención que merecen en todo pueblo civilizado, sin regatear sacrificios. Unificarán, bajo la dirección del Estado, las diversas instituciones de fundación privada, totalizando sus recursos, sin perjuicio del respeto a la voluntad del finado.

VIII. La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amplio nivel moral por encima de razones confesionales y de clase social.

1° Impulsarán, con el ritmo de los primeros años de la República, la creación de escuelas de primera enseñanza, estableciendo cantinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones complementarias. Se ha de someter a la enseñanza privada a vigilancia, en interés de la cultura, análoga a la que se ejercite cerca de las escuelas públicas.

2° Crearán las enseñanzas medias y profesionales que sean necesarias para dar instrucción a todos los ciudadanos en condición de recibir la de estos grados.

3º Concentrarán las enseñanzas universitarias y superiores para que puedan ser debidamente servidas.

4° Pondrán en ejecución los métodos necesarios para asegurar el acceso a la enseñanza media y superior a la juventud obrera y, en general, a los estudiantes seleccionados por su capacidad. Los partidos coligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada por las Cortes constituyentes y desarrollarán los principios autonómicos consignados en la Constitución. Se orientará la política internacional en un sentido de adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones.

Por Izquierda Republicana: Amos Salvador. Por Unión Republicana: Bernardo Giner de los Ríos. Por el Partido Socialista Obrero: Juan Simeón Vidarte y Manuel Cordero. Por la Unión General de Trabajadores, Francisco Largo Caballero. Por la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, José Cazorla. Por el Partido Comunista, Vicente Uribe. Por el Partido Sindicalista, Ángel Pestaña. Por el Partido Obrero de Unificación Marxista, Juan Andrade."

Octubre de 1934

Para el revisionismo historiográfico, Octubre del 34 discurre sobre las pautas de un modelo de asalto revolucionario al poder tomadas del referente bolchevique de 1917 y es frecuentemente invocado como precedente justificador de la sublevación militar del 36, considerada como una suerte de “pronunciamiento preventivo”. Conspiración, planificación meticulosa, acopio de armas, formación de unidades paramilitares... conforman, en el imaginario revisionista, los ingredientes de un proyecto de sovietización que no solo deslegitimaría a la izquierda, sino al propio sistema republicano que hasta entonces esa misma izquierda había contribuido a implantar y sostener, y que posteriormente diría defender de nuevo frente al levantamiento faccioso.

Un análisis riguroso de la actuación del PSOE y de Largo Caballero durante los meses que van de noviembre del 33 (triunfo electoral de la CEDA y los radicales) y octubre del 34 arroja una imagen que poco corresponde con la del partido bolchevique preparando el asalto al Palacio de Invierno y la de Lenin en la estación de Finlandia...

En primer lugar, la curiosa estrategia de anunciar públicamente plazo al estallido de la "revolución" (la entrada de ministros de la CEDA en el gabinete Lerroux) no podía por menos que tener dos consecuencias contraproducentes para cualquier intento revolucionario: dejar la iniciativa al contrario y renunciar a la sorpresa. Una revolución no es un partido de tenis, donde se le cede la elección de campo y el saque al contrario, ni un paro laboral con preaviso. La raíz del problema es que Largo y el PSOE nunca creyeron de veras que Alcalá Zamora fuera a ceder a las presiones de la CEDA, bastando que los socialistas advirtieran de las funestas consecuencias que ello podría tener para que el cumplimiento de la amenaza revolucionaria fuera innecesario.

En segundo lugar, el presunto "aparato militar" puesto en pie para la revolución era en realidad un ejército de papel toscamente armado con pistolas de contrabando que confiaba en la entrega de las armas que hicieran los soldados afines al sublevar sus cuarteles. Largo instó la formación de un "ejército revolucionario" basado en una estructura decimal (10 milicianos= 1 escuadra; 10 escuadras= 1 compañía; cada escuadra distribuida en cada uno de los 10 distritos en que se dividiría cada ciudad)cuyos integrantes acudirían el día señalado a la puerta de los cuarteles para recibir las armas de los soldados "hijos del pueblo". Al llegar tal día, las escuadras de Largo eran, en su mayoría,solo fichas de papel con filiaciones de militantes, diligentemente rellenadas por las agrupaciones locales, y los pocos de sus integrantes que acudieron a los cuarteles se encontraron no con los restos hambrientos y derrotados del ejército zarista de 1917, sino con reclutas que iban a actuar como funcionarios uniformados para cubrir las vacantes de los servicios públicos militarizados. El resultado fue el imaginable.

En tercer lugar, y seguro el más determinante, el PSOE se había consagrado tanto a reservar sus energías para el "gran día" -que confiaba no tuviera que llegar nunca- que se desvinculó de los movimientos de masas que hubieran proporcionado un sustrato verdaderamente revolucionario a su movimiento. La primavera y el verano de 1934 fueron testigos del auge de procesos huelguísticos masivos (del ramo de la construcción, huelga local en Zaragoza) que alcanzaron su cénit en la huelga general de campesinos del mes de junio. La Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT pidió la convocatoria de una huelga general de solidaridad, que se justificaba en el rumbo reaccionario adoptado por el gobierno radical en cuanto a la paralización de la reforma agraria y la suspensión de leyes sociales del primer bienio (de Términos Municipales, de salario mínimo y jornada máxima, del propio derecho a la huelga...) Largo se negó, y la huelga se saldó con la derrota de los campesinos y, lo que resultó mucho más grave, con cerca de 10.000 detenidos, cientos de jornaleros deportados a otras provincias, 200 ayuntamientos socialistas destituidos, sus correspondientes Casas del Pueblo cerradas y desmanteladas las agrupaciones de los sindicatos en la mayoría de las provincias del centro y el sur. Dos nuevas graves consecuencias para el futuro movimiento : La expectativa de revolución quedaba desvinculada de los intereses obreros reales, ligándose a posibles variaciones en el juego de mayorías gubernamentales que poco importaban a los sectores apolíticos integrados, por ejemplo, en el anarcosindicalismo; e inutilización de una parte sustancial del aparato sindical y partidario necesario para dar cobertura a un intento de asalto al poder tan serio como el que implica una revolución.

Otro tanto ocurrió respecto al descontento extendido en los municipios vascos y en la Generalitat de Cataluña debido a la intrusión central en sus competencias forales y autonómicas. El juramento de "pureza ideológica de clase" realizado por los socialistas al abandonar el pacto con los republicanos burgueses privó a los primeros de liderar el movimiento de oposición territorial contra la reacción centralista. Incapaz de imprimir una dirección conjunta a los dos conflictos de base -el del proletariado agrícola y el de la pequeña burguesía nacionalista, cuyas reivindicaciones se ventilaban en la verdadera partida donde se estaba jugando una probable transformación en la naturaleza del régimen- que podrían haber dotado de un potencial revolucionario a su movimiento, Largo Caballero estaba destinado al fracaso cuando llegó, por fin, la ocasión de declarar una revolución en la que no creía. Quien mejor resume el balance, a mi juicio, es Santos Juliá: "Una revolución a fecha fija, pendiente de una provocación que el adversario podía administrar a su gusto y desligada de la anterior movilización obrera y campesina, basada en una deplorable organización armada, sin objetivos políticos precisos, con la abstención de un numeroso sector de la clase obrera sindicalmente organizada, proyectada como mezcla de conspiración de militares presuntamente adictos y de huelga general del gran día, frente a un Estado que mantenía intacta su capacidad de respuesta, no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Así lo pensaban también sus propios dirigentes, que en medio del desconcierto general que siguió a su decisión no fueron siqiera capaces de ordenar una digna retirada. Largo Caballero encerrándose en casa, como en otras ocasiones en que se habían declarado o se pensaban declarar huelgas generales a esperar tranquilamente la llegada de la policía, "porque no tenía nada que ver con lo que pudiera ocurrir" y "no quería ponerse en contacto con nadie, absolutamente con nadie" es la imagen elocuente de un Lenin español excesivamente casero para dirigir una revolución".